Una aproximación teórica a la potestad sancionatoria contractual de la Administración Pública en el escenario de la audiencia de declaratoria de incumplimiento, en el marco del ordenamiento jurídico colombiano / Laura Marcela Perdomo Olmos, Marlon David Barreto Vizcaíno; directora Katia Palencia Sánchez.
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TextoProductor: Sincelejo : Corporación Universitaria del Caribe – CECAR, 2021Descripción: Un CD Rom (267 KB) : 37 páginas ; 12 cmTipo de contenido: texto Tipo de medio: mediado Tipo de portador: disco de computadoraTema(s): Potestad sancionatoria | Administración pública | Audiencia de declaratoria de incumplimiento | ContratistasNota de disertación: Trabajo de grado (Abogado) -- Corporación Universitaria del Caribe. Facultad Derecho y Ciencias Políticas. Programa de Derecho. Sincelejo, 2021. Resumen: Para el desenvolvimiento de la administración pública ante el incumplimiento de los contratistas se cuenta con una sólida y eficaz herramienta jurídica que es la audiencia de declaratoria de incumplimiento ámbito en el cual se pueden imponer cargas económicas al vinculado contractualmente para que corrija su proceder y se conduzca a una correcta ejecución del contrato sin afectar su equilibrio financiero. En virtud de lo expuesto, el objetivo general de esta investigación fue realizar una aproximación teórica de las prerrogativas que tiene la administración pública en el campo sancionatorio frente a los incumplimientos de sus contratistas, visto éste desde el único escenario válido con que se cuenta actualmente que es la audiencia de declaratoria de incumplimiento regulada por el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. Para dar cumplimiento al objetivo anterior, metodológicamente se acudió a una investigación teórica descriptiva, con uno del enfoque cualitativo y epistemológico. Como resultado se pudo establecer que la potestad sancionadora es uno de los varios instrumentos que tiene la administración en materia contractual para la cabal ejecución de los contratos, la coerción al contratista para su cumplimiento y la emisión de decisiones con total fuerza vinculante sin que se tenga que acudir a la jurisdicción administrativa. Se concluye que, existe un procedimiento estatal donde se producen determinaciones que tienen la virtud de imponer cargas económicas a los contratistas y aseguradoras que afectan de manera directa al contrato en su componente financiero. El trabajo.
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
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Trabajos de Grado
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Biblioteca Central | DE-08424 2021 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | T-08424 |
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Trabajo de grado (Abogado) -- Corporación Universitaria del Caribe. Facultad Derecho y Ciencias Políticas. Programa de Derecho. Sincelejo, 2021.
Cano, T. (1999). El Régimen Jurídico Administrativo del tráfico, bases históricas y
constitucionales, técnicas de intervención y sanciones. Civitas.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=113873
Congreso de la República. (20 de enero de 1982). Por la cual se adoptan medidas para
aumentar los recursos de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero. [Ley 16 de
1982]. D.O.N. 35937.
Congreso de la República. (28 de octubre de 1993). Por la cual se expide el Estatuto General
de Contratación de la Administración Pública. [Ley 80 de 1993]. D.O.N. 41.094.
Congreso de la República. (11 de julio de 2007). Por medio de la cual se introducen medidas
para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras
disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos. [Ley 1150 de
2007]. D.O.N. 46.691.
Congreso de la República. (18 de enero de 2011). Por la cual se expide el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. [Ley 1437 de
2011]. D.O.N. 47956.
Congreso de la República. (12 de julio de 2011). Por la cual se dictan normas orientadas a
fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de
corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. [Ley 1474 de 2011].
D.O.N. 48.128.
Corte Constitucional. (28 de abril de 1994). Sentencia C 214 de 1994. [Mp. Antonio Barrera
Carbonell].
Corte Constitucional. (6 de noviembre de 1996). Sentencia C 597 de 1996. [Mp. Alejandro
Martínez Caballero].
Corte Constitucional. (7 de octubre de 2009). Sentencia C 713 de 2009. [Mp. Maria Victoria
Calle Correa]. O
Corte Constitucional. (22 de noviembre de 2011). Sentencia C 875 de 2011. [Mp. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub].
Presidencia de la República. (enero 27 de 1976). Por el cual se dictan normas para la
celebración de contratos por parte de la Nación y sus entidades descentralizadas.
[Decreto 150 de 1976].
Presidencia de la República. (2 de febrero de 1983). Por el cual se expiden normas sobre
contratos de la Nación y sus entidades descentralizadas y se dictan otras
disposiciones. [Decreto 222 de 1983].
Rodríguez, J. (2013). La buena Administración como principio y como derecho fundamental
en Europa. Revista de Derecho y Ciencias Sociales, 6 (6), pp. 23-56.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5167578
Rodríguez, L. (2017). Derecho Administrativo General y Colombiano. Temis.
Rodríguez, N. (2019). Procedimiento Sancionatorio Contractual. Imposicion de multas,
sanciones y declaratorias de incumplimiento del artículo 86 de la ley 1474 de 2011.
(Trabajo de Especializacion). Universidad Santo Tomás, Villavicencio, Colombia.
https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/17832/2019nuryrodriguez?se
quence=5&isAllowed=y
Valdiviezo, C. (2019). Inconstitucionalidad del procedimiento administrativo sancionador.
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Para el desenvolvimiento de la administración pública ante el incumplimiento de los contratistas se cuenta con una sólida y eficaz herramienta jurídica que es la audiencia de declaratoria de incumplimiento ámbito en el cual se pueden imponer cargas económicas al vinculado contractualmente para que corrija su proceder y se conduzca a una correcta ejecución del contrato sin afectar su equilibrio financiero. En virtud de lo expuesto, el objetivo general de esta investigación fue realizar una aproximación teórica de las prerrogativas que tiene la administración pública en el campo sancionatorio frente a los incumplimientos de sus contratistas, visto éste desde el único escenario válido con que se cuenta actualmente que es la audiencia de declaratoria de incumplimiento regulada por el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. Para dar cumplimiento al objetivo anterior, metodológicamente se acudió a una investigación teórica descriptiva, con uno del enfoque cualitativo y epistemológico. Como resultado se pudo establecer que la potestad sancionadora es uno de los varios instrumentos que tiene la administración en materia contractual para la cabal ejecución de los contratos, la coerción al contratista para su cumplimiento y la emisión de decisiones con total fuerza vinculante sin que se tenga que acudir a la jurisdicción administrativa. Se concluye que, existe un procedimiento estatal donde se producen determinaciones que tienen la virtud de imponer cargas económicas a los contratistas y aseguradoras que afectan de manera directa al contrato en su componente financiero. El trabajo.
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